La Unión de Consumidores de Asturias ha denunciado a las aerolíneas Iberia, Air Europa, Easyjet y Vueling por obligar a utilizar líneas telefónicas de tarifa adicional (con prefijo 807) para atención al cliente, números a los que una llamada de un minuto supera los 3 euros.

El presidente de UCE Asturias, Dacio Alonso, ha asegurado en rueda de prensa que el uso de este tipo de líneas telefónicas por parte de las empresas para ofrecer servicios de atención al cliente y posventa es «ilegal». Ha añadido que hace un año la UCE ya presentó una denuncia similar ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y que hasta el momento no ha obtenido respuesta alguna, lo que Dacio Alonso ha interpretado como «un ejemplo de la falta de sensibilidad de la administración estatal hacia la política de consumo y de su excesiva preocupación por el devenir de las empresas, aún a costa de permitirles prácticas ilegales».

Es por ello que UCE-Asturias presentó denuncia ante los tribunales de justicia, donde fue admitida a trámite y el próximo 3 de noviembre serán juzgadas dichas prácticas de las compañías aéreas.

fuente original (La Nueva España - EFE 29/07/2010)

Desde la Unión de Consumidores de Asturias hemos denunciado al concesionario de coches Chevrolet RIAMOVIL, Avda. de Lugo 90 (Avilés), por «obligar a sus clientes a renunciar a la garantía legal que les corresponde» y que, «de forma sorprendente», la Junta Arbitral Municipal, que depende del Ayuntamiento, le da la razón.

El presidente de la UCE-Asturias, Dacio Alonso, ha calificado el caso de «impresentable», pero todavía lo es más, ha añadido, que la Junta Arbitral Municipal de la razón al concesionario, por lo que ha denunciado la resolución ante la Audiencia Provincial por considerar que atenta contra el orden público.

Dacio Alonso ha explicado que la práctica del citado concesionario RIAMOVIL se llegó a saber a raíz de conocer el caso de un matrimonio que compró un coche de segunda mano, sin saber que, con la firma de la compraventa, renunciaba a todo tipo de garantía. Según ha indicado Dacio Alonso, a los tres meses de la compra, a este matrimonio se le estropeó el coche y decidió entonces llevarlo en una grúa al taller de este concesionario. Es entonces cuando los compradores se enteran de que en el contrato aparece una cláusula con la renuncia expresa a toda garantía.

Pero lo peor para Dacio Alonso es el comportamiento de la Junta Arbitral Municipal del Ayuntamiento de Avilés que termina dando la razón al concesionario de coches. «Esto es impresentable porque crea una indefensión a estas personas tremenda; pero si eso es grave, más grave es que una instancia que tiene el objetivo de tutelar los derechos del consumidor, se convierta en su enemigo», ha declarado Alonso. La UCE ya ha denunciado a RIAMOVIL ante la Audiencia Provincial, porque entiende que toda compra de automóviles está amparada por la Ley de Garantía promulgada en 2003, con independencia de lo que diga el contrato que firme el cliente.

leer fuente original (El Comercio Digital - La Voz de Avilés)
ver laudo arbitral del Ayuntamiento de Avilés (pdf)
ver contrato firmado por Riamovil con el cliente (pdf)

Los Verdes han presentado una denuncia ante la Comisión de las Comunidades Europeas contra la decisión del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA) de construir una incineradora de residuos domiciliarios en Serín (Gijón) al estimar que el proyecto incumple el derecho comunitario. La copresidenta del Partido Verde Europeo, Mónica Frassoni, ha participado en Oviedo una rueda de prensa para informar de esta iniciativa, en la que ha afirmado que no cree que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) financie la incineradora, por ser un proyecto «altamente dudoso». Ha añadido que «no es verdad» que la incineración sea compatible con las políticas de reducción y reciclaje y ha discrepado con que se presente como la manera «más adecuada y tecnológicamente más avanzada» de tratar los residuos. Por su parte, la concejala de Los Verdes en el Ayuntamiento de Mieres, Olga Álvarez, abogada encargada del asunto, ha explicado que también hay iniciados otros dos contenciosos-administrativos contra la construcción de la incineradora.

¿Por qué una constructora de relevancia pública obliga a los compradores de viviendas a pagar cantidades cercanas a los 4.000 euros cuando sabe que es ilegal? Esa es la pregunta que se planteó la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) a principios de año tras recibir varias quejas de usuarios. Al parecer Comamsa exigió a los compradores de 30 pisos en la calle Foncalada el pago del impuesto de la Plusvalía. Una práctica ilegal, según la Ley de Mejora de Protección de los Consumidores aprobada en 2006 —fue precisamente UCE-Asturias quien llevo el asunto al Congreso de los Diputados para que se incorporase el tema a dicha ley—.

Con todos los datos, la UCE presento denuncia a la Oficina Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Oviedo, «que siete meses después de conocer las prácticas abusivas e ilegales no ha notificado la apertura de expediente sancionador» (...)

Para Alonso no es una casualidad. No es cosa del azar que la misma empresa que ha llegado a un acuerdo para construir y poseer un aparcamiento bajo la calle Uría, goce de privilegios. «Comamsa sabe dónde actúa y sabe que lo que está haciendo es ilegal», sentenció el presidente de la UCE. Porque la inactividad del Ayuntamiento «ha convertido a la ciudad en refugio de proveedores de bienes y servicios, pues da igual la forma en que actúen». La frase forma parte de una sentencia dictada el pasado verano por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 en respuesta a la demanda presentada por la UCE por la pasividad municipal.

El de Comamsa es un caso concreto, pero en los últimos diez años unos 100.000 compradores han pagado más de 90 millones por el impuesto. La UCE iniciará una campaña en la región para que los afectados puedan recuperar su dinero.

leer completo (El Comercio Digital)